Las cifras sobre la realidad social española no son simples números, son personas cuyos derechos se han visto minados. 5 millones de personas sufren exclusión severa; 4,5 millones no tienen empleo; 2,7 millones de menores viven en pobreza en nuestro país; España ocupa el vergonzoso segundo puesto en desigualdad en Europa, después de Letonia; los salarios son tan ínfimos que la pobreza laboral afecta ya al 15 de los y las trabajadoras.

La realidad más inmediata se sitúa en un contexto mundial que arroja cifras escandalosas: las 85 personas más ricas del planeta ganan medio millón de euros por minuto; 1.300 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza –lo que significa más de 27 veces la población española–, y más de 800 millones sufren subalimentación crónica. Mientras tanto, los fondos destinados a cooperación se estancan en niveles mínimos.

A pesar de esta realidad, el gobierno se aferra al cumplimiento del déficit para justificar su escaso compromiso con las políticas sociales. Olvida que, tal como señala Naciones Unidas, los gobiernos están obligados a destinar el máximo de recursos disponibles para garantizar los derechos humanos de la población. Una cuestión que podría asegurarse si se pusieran en marcha políticas fiscales justas y redistributivas. No hacerlo, puede llegar a suponer una violación de derechos humanos.

Montoro insiste: “son los presupuestos de una nueva etapa esperanzadora”; sin embargo, en líneas generales, su volumen para políticas como educación o sanidad continúan siendo los mismos que el año pasado, es decir, francamente escasos. ¿Cómo hablar de esperanza cuando el debilitamiento de las políticas sociales es tan acusado?

Fuente: Coordinadora de ONGD