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35 millones de personas en 105 países implicados/as en 3.600 proyectos de desarrollo, según datos del Informe del Sector de 2016 que hoy han recordado las ONGD. Con motivo del día 8 de septiembre, Día de las Personas Cooperantes, han hecho pública una nota en la que solicitan compromisos ‘a la altura de los complejos retos de la Humanidad’. Este 8 de septiembre, lejos de recordar las causas y los efectos de su acción exterior, pasará por ser un Día del Cooperante ‘en huelga’. Al menos para los/as 7000 trabajadores/as en el exterior de la AECID y el resto de empleados/as de otros departamentos ministeriales.
Se trata de un colectivo especializado, que según se ha puesto de manifiesto en el pasado Día de la Ayuda Humanitaria, se ha convertido, en muchos casos, en objetivo de los ataques. El 8 de septiembre es una cita que debería recordar, sobre todo, a aquellos/as profesionales vinculados/as con la acción exterior y con la multitud de iniciativas que llevan a cabo las administraciones públicas, instituciones y ONGD para paliar las consecuencias de la desigualdad. Sin embargo, desde hace casi una década los fondos destinados a cooperación en España han descendido hasta dejar caer su futuro sobre las espaldas de quienes la ejecutan, en este caso, a través de la asfixia económica.
“Nueve años de congelación salarial y una descomunal pérdida de poder adquisitivo debido a las derivas inflacionarias, son las causas entre otras, de que CCOO, en coordinación con UGT y CSIF, hayan presentado un preaviso de huelga en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el próximo 8 de septiembre, Día del Cooperante”. Es el comunicado hecho público para anunciar una huelga debida, según los sindicatos, a una congelación salarial, traducida en una descomunal pérdida de poder adquisitivo, como consecuencia de las derivas inflacionarias que sufren los países con presencia de la AECID en el exterior. Una circunstancia que, afirman, se suma a los agravios comparativos que vienen soportando respecto al personal funcionariado, desde que en el año 2008 se conformara el cuerpo técnico de Responsables de Programas y Responsables de Proyectos.
De forma resumida, subrayan que mientras que al personal funcionario en el exterior se les aplica los Artículos 4 y 6 del Real Decreto 6/1995, módulos de calidad de vida y pérdida de poder adquisitivo, así como indemnización por educación de los hijos en el extranjero respectivamente, figuras compensatorias de las mermas retributivas consecuencia de la tendencia inflacionaria que sufren la mayoría de países, a los Responsables de Programas y Responsables de Proyectos, un personal que ha sido contratado en España y desplazado al exterior, se les aplica solo el Artículo 6 del mencionado Real Decreto (indemnización por educación de los hijos). A ello se suma que a partir de 2012, como parte de las medidas implementadas para contención del gasto público, la Administración suspendió la concesión del billete familiar anual de retorno a España para los Responsables de Programas y Responsables de Proyectos, una medida que no se aplicó al personal funcionario desplazado en el exterior.
Las ONGD reivindican el papel determinante de las ONG en ausencia de políticas públicas que garanticen los derechos humanos
En el comunicado hecho público con motivo del 8 de septiembre, subrayan que la cooperación española tan solo alcanza un 0,21% de la RNB, un porcentaje que no se corresponde con el peso que el país pretende tener en el mundo. Añaden que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 serán una oportunidad para comprobar si el gobierno da un giro de timón y recupera esta política. Exigen que se alcance un 0,3% en los próximos presupuestos en un contexto de crisis similar al que sucedió a la II Guerra Mundial, con 20 millones de personas al borde de la hambruna, numerosos conflictos enquistados y sin políticas integrales para afrontar las causas de la pobreza, la desigualdad y el maltrato del Planeta.
Una escalada de recortes que ha reducido la cooperación al mínimo
Es un paso más de una larga trayectoria de recortes que Intermon Oxfam cifró a finales del mes de marzo en un 73% en su informe anual ‘La Realidad de la Ayuda’. Entre 2008 y 2015 España se ha convertido en el país de la OCDE que más ha recortado sus fondos, habiendo pasado del puesto 11 al puesto 26 de un total de 28 países. España aportó apenas el 0,13% del PIB (1.261 millones de euros) a ayuda al desarrollo en 2015, cuando en 2009 el porcentaje era de un 0,46% del PIB.
Planeta Futuro recogía, con motivo de la presentación del informe de Intermon Oxfam, la valoración al respecto de la cooperación española de Íñigo Macías, uno de los autores del informe. Unas valoraciones que ahora recobran interés, a las puertas de un debate de presupuestos. Macías ponía en duda el 0,21% del PIB presupuestado para AOD en 2016 señalando que en 2015, un 28% de lo previsto para proyectos no se ejecutó, y sumando a ello el análisis del destino de los fondos: unos 800 millones de los 1.261 millones de 2015 fueron a la Unión Europea, 22 al Banco Mundial y 13 a Naciones Unidas, entre otros. Por lo que solo cabe suponer que solo 300 millones de ayuda se destinasen a proyectos en terreno; algo que no se cumplió, no obstante, porque según el autor del informe, hay que restar las contribuciones obligatorias.
En definitiva, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) gestiona sólo el 15,7% de la AOD.
El mismo informe señalaba la raquítica cantidad destinada a ayuda de emergencia, un euro por español, en tiempos de la peor crisis humanitaria desde la II Guerra Mundial, registrando una caída del 85,4% desde 2009 cuando la cifra ascendía a 319 millones de euros; se cuenta como ayuda al desarrollo el gasto que supone la acogida de refugiados en territorio nacional, que por pocos que sean en España, restan fondos que podrían destinarse a otros países; por último, el informe de Intermon señalaba la apuesta por la ayuda reembolsable, que tiene que ser devuelta con intereses por los receptores, y que ha hecho, según los cálculos de Oxfam Intermón que, en 2015, por cada cinco euros que salieron como AOD, el país reembolsara uno.
A la falta de planificación y la reducción drástica de fondos, Lara Contreras, de Intermon Oxfam añade la tendencia hacia la ‘externalización de fronteras de la política de cooperación’. El término se entiende al añadir que el Ministerio del Interior pasó de gestionar menos de un millón en 2014 a más de 14 millones de euros en 2015, fondos, que en el 90% se utilizaron para controlar la inmigración en Mauritania y Senegal.
En este contexto, la Agenda 2030 está por abordar (si bien hay una oficina para los ODS solo tiene competencias relacionadas con las políticas de Exterior), y la Agencia sigue pendiente de una reforma, en virtud del contenido de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015 que suspende la Ley de Agencias por la que se rige la institución.
Este día 8 de septiembre, la reivindicación laboral de los responsables de proyectos y personal laboral en el exterior va a llenar más titulares que otros contenidos de sensibilización para cuya difusión son un impulso estas fechas.
El colectivo afirma que además de sufrir los rigores de la congelación de salarios de todo el sector público, su situación está agravada por las espirales inflacionistas de los países de destino.
