“Hay que estudiar las necesidades de crecimiento de las ciudades, coordinarlas con el patrimonio natural, distribuir los usos, rehabilitar la ciudad consolidada, y todo ello, de conformidad con una normativa de riesgos y una de calidad constructiva, y haciendo frente al grave problema humano de los asentamientos ilegales y su necesidad de reubicación en zonas seguras”. Es la valoración que realiza la arquitecta Gema López Ruiz, tras visitar Ecuador en una asistencia técnica relacionada con sus competencias en materia urbanística

Como arquitecta del Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Gema López ha compartido experiencias y labores con los técnicos de AME Ecuador y AECID, centrados en la planificación urbanística como un tema prioritario tras el desastre provocado por los terremotos que se sucedieron a partir de abril de 2016.

¿Cómo decidiste colaborar dentro de la campaña de FAMSI  Andalucía Solidaria con Ecuador?

Siempre me ha gustado hacer trabajos de voluntariado en mi tiempo libre pero nunca lo había hecho en algo relacionado con mi trabajo como arquitecta. Desde que llegó a mi correo electrónico la solicitud de asistencia técnica, remitida por el Ayuntamiento de Sevilla que siempre ha mostrado mucho interés en colaborar con el FAMSI, me atrajo la idea de participar en esta cooperación. Dadas las características del trabajo en sí, que está muy relacionada con mi labor diaria en el Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, pensé que podría aportar mis conocimientos en la asistencia técnica solicitada en planificación urbanística y ordenación del territorio tras el desastre del terremoto de abril.

¿Cuál ha sido tu labor? ¿Qué regiones has visitado?

He estado en las provincias de Manabí y Esmeraldas, en la costa del Pacífico. El territorio más afectado por el terremoto. En los siete días que hemos estado en la zona, hemos atendido a un total de nueve municipios que habían solicitado asistencia  en materia de planificación urbana, uso y gestión del suelo. Entre otros, Pedernales que fue la zona cero del terremoto y en el que se ha cuantificado una afectación del 70% del núcleo urbano.

Nuestro trabajo allí ha consistido en reuniones con los técnicos de las distintas municipalidades con el objeto de conocer los daños sufridos por el terremoto y las necesidades puntuales de cada uno de ellos en planificación urbanística y compartir con ellos nuestra experiencia profesional en la gestión urbanística municipal.

En estas reuniones hemos constatado que las ciudades afectadas por el terremoto cuentan con una escasa ordenación, no están habituados a una disciplina urbanística ni a un control sobre la edificación lo cual ha agravado los efectos del terremoto. Las condiciones naturales del territorio los hace estar muy expuestos a desastres, ya sean inundaciones, deslizamientos de tierras, terremotos, tsunamis…. y cuantan con mucha población habitando en zonas de alto riesgo debido a la falta de una planificación urbanística adecuada. Esto unido a la escasa calidad de las construcciones, sobre la que ya he comentado no hay ningún control, los hace muy vulnerables a la hora de hacer frente a un desastre de las características del terremoto de abril.

Para poder mitigar estos problemas, ha entrado en vigor en julio una nueva Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo con muchas semejanzas a la legislación urbanística española que se viene desarrollando desde 1956 y con la que contamos ya una amplia experiencia que hemos compartido con el personal técnico de las municipalidades visitadas.

Ya en España, se ha elaborado un informe con un diagnóstico y una evaluación de la situación en el que además se dan unas pautas y se proponen actuaciones que se ha remitido a cada una de las municipalidades atendidas.

Las complejas circunstancias en la que se encontraban los municipios tras el terremoto, ocurrido en abril de 2016, darían una clara sensación de desastre en la zona. ¿Cómo fueron tus impresiones al llegar al terreno?

La primera impresión en el territorio afectado fue fuerte para mi. Tras dos días de reuniones en Quito, volamos a Manta en la costa del Pacífico. Está ciudad fue una de las más afectadas en el terremoto, el edificio del aeropuerto fue uno de los que colapsó y la terminal de llegada era una tienda de campaña donde nos fueron repartiendo las maletas una a una tras desembarcarlas del avión. Me impactó esta primera imagen que tuve por lo precaria de las condiciones.

En el camino que recorrimos hasta llegar al hotel fuimos observando muchos edificios dañados, solares con escombros  y barrios enteros derruidos. También hay zonas enteras acordonadas por riesgo de colapso de las edificaciones aún pendientes de su derribo. En definitiva, la imagen, a pesar del tiempo transcurrido, es aún sobrecogedora.

¿En qué circunstancias viven la población local afectada ocho meses después del desastre?

Hay muchas familias que han perdido sus viviendas y viven en campamentos, en tiendas de campañas, en albergues con unas condiciones de habitabilidad muy mínimas.  El gobierno está entregando unos bonos a familias que se han quedado sin hogar para construir una nueva casa  en zona segura pero en muchos casos no existen suelos sin riesgos con el suficiente grado de consolidación de urbanización, que cuenten con suministro eléctrico, abastecimiento y saneamiento de agua adecuados para edificar. Por ello, tienen un grave problema a la hora de reubicar asentamientos para la población y esta es una labor primordial sobre la que deben actuar de una forma efectiva para facilitar el retorno a hogares formales en el mediano y largo plazo.

Por otro lado, la actividad económica de las ciudades se está reactivando de nuevo y en algunos municipios, como Manta, se ha habilitado una zona comercial incluso mejorada las condiciones existentes anteriores al terremoto.

Cualquier esquema creado en un contexto post-desastre debe ser flexible pero apoyarse en la normativa existente. Además, a medida que las acciones de respuesta inmediata se transforman en respuestas de mediano y largo plazo, el reto es hallar oportunidades para regularizar el territorio en zonas habitables, así como facilitar el acceso a suelo en casos donde los asentamientos originales se hayan ubicado en zonas vulnerables, para poder empezar con la construcción de ciudades más inclusivas.

¿Cómo pueden ayudar los gobiernos locales a paliar esta situación en Ecuador?

Las acciones de respuesta deben ser inmediatas, pero hay que considerar que las tareas de recuperación toman tiempo. Desde los gobiernos locales se debe promover una verdadera coordinación entre los agentes implicados en la reconstrucción—población, autoridades gubernamentales nacionales y locales, expertos, cooperantes, etc.—no solo para mejorar las intervenciones en el hábitat, sino también para crear un compromiso verdaderamente permanente con la construcción de ciudades más resilientes. La concienciación de todos ellos es fundamental a la hora de la reconstrucción del territorio.

En el campo de la planificación urbanística hemos podido comprobar que el grueso de los daños acarreados por el terremoto no está en la localización de las edificaciones en zonas de elevado riesgo, sino en la mala calidad de la construcción. En muchos casos, las edificaciones se ejecutan sin proyecto redactado por técnico cualificado, y en caso de existir proyecto, en la inmensa mayoría de situaciones, la construcción se lleva a cabo por personal no cualificado y sin supervisión de facultativos habilitados.

Cambiar esta realidad pasa por dos procesos concurrentes. Por un lado, es necesaria una concienciación social de que más importante que construir es hacerlo de manera segura; por tanto, los recursos económicos que esto conlleve deben entenderse tan necesarios como los de la propia inversión en materiales. Por otro lado, se hace absolutamente necesaria una tolerancia cero por parte de los regidores políticos y los funcionarios municipales hacia las infracciones urbanísticas. Ese aspecto también hay que reforzarlo sobre los gobiernos municipales encargados del control y la inspección de los procesos constructivos para garantizar la seguridad y salubridad de las edificaciones.

Tras la vuelta a España ¿te has sentido satisfecho con la labor realizada en la campaña?

Muy satisfecha pero en estas situaciones siempre te quedas con las ganas y la sensación de poder haber hecho mucho más. Queda mucho trabajo por delante. La planificación de las ciudades es una labor a largo plazo, no se trata solo de saber hacia dónde quiere ir el municipio desde un punto de vista estratégico sino también y sobre todo de planificar unas ciudades seguras que permitan un uso sostenible y planificado del suelo.

Desde el máximo respeto a las víctimas y afectados por el terremoto, entiendo que sus trágicas consecuencias deben suponer un revulsivo para cambiar el paradigma de la ordenación del territorio y una oportunidad para corregir los errores cometidos.

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